Septiembre suele traer aparejada una vuelta a la realidad que, en muchos casos, se hace demasiada cuesta arriba por la fuerza con la que irrumpe. Pasar de cero a cien en cuestión de días hace olvidar demasiado rápido las vacaciones.

Algo parecido pasa con el curso político. La maquinaria propagandística se vuelve a activar, quizás a mayor velocidad que en otros momentos, con el objetivo de posicionarse de cara a final de año. Suelen ser habituales el lanzamiento de numerosos globos sonda con el objetivo de ver cuáles van calando más y, de esta manera, seguir avanzando a través de aquellos que tienen mejor acogida entre su electorado. Un claro ejemplo ha sido la dura batalla presentada por Podemos para introducir el límite a los precios del alquiler en la próxima Ley de la Vivienda, una ley que, por cierto, acumula casi 10 meses de retraso y que, según las últimas informaciones podría ver la luz antes de final de año.

De nada sirve comprobar que, tanto desde el punto de vista teórico, organismos tan reconocidos como son el Banco de España (bde.es), el Fondo Monetario Internacional (imf.org) o la OCDE (oecd.org) hayan mostrado sus discrepancias incluso, en algunos casos, manifestándose abiertamente en contra de dichas medidas.

Tampoco desde el punto de vista práctico, con un efecto nulo o, según algunos expertos, negativo en Barcelona después de comprobar cómo, después de un año desde su entrada en vigor, la decisión de limitar los precios de los alquileres lo que ha producido es un efecto contrario, es decir, obstaculizar el desarrollo de viviendas de alquiler y, con ello, dificultar aún más el acceso a vivienda a familias vulnerables.

Otro claro ejemplo de este modelo infructuoso lo tenemos en Berlín donde, además, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado mes de abril declarando dicha medida como inconstitucional. También aquí los resultados fueron contrarios a los perseguidos ya que la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido en más de un 40% y, a su vez, ha elevado de forma notable los precios de las zonas colindantes a la capital.

La inseguridad jurídica que puede provocar una decisión así atenta directamente, no solo contra los propietarios, sino también contra los inversores internacionales, siendo a la larga el inquilino el más perjudicado. En realidad, no existe ningún incentivo para hacerlo ya que, desde el punto de vista del propietario no solo existe la limitación de precios, sino que además existe una regulación que no ayuda, especialmente en los casos de impago y desalojo, con unos costes elevados y unos procesos que suelen demorarse en el tiempo.

¿Existen soluciones?

Cada vez son más las voces del sector las que claman por una hoja de ruta enfocada en soluciones prácticas alejadas completamente de las propuestas políticas y populistas cuyos objetivos se centran únicamente en el resultado electoral, con la cortedad de miras que eso supone.

Entre el paquete de medidas quizás la más importante gira en torno al parque público de vivienda. En este blog hemos señalado en más de una ocasión el gran déficit que tiene España en lo que respecta a vivienda pública. En concreto, somos el país con el menor número de éstas entre todos los países europeos de la OCDE, con un peso del 1,1% sobre el total de viviendas, a años luz de lo que supone en, por ejemplo, Países Bajos con un 38%, el 17,4% de Reino Unido o el 14% de Francia, entre otros.

También somos de los países que destinan menor presupuesto a ayudas a la vivienda, con unas subvenciones al alquiler que sólo suponen el 3,5% de los ingresos de las familias más vulnerables, frente al 56% de Francia, el 31% de Reino Unido o el 28% de Alemania.

Con este panorama la solución más lógica sería el lanzamiento de un mega plan de construcción de vivienda pública por parte del Gobierno, pero visto el nivel de endeudamiento actual tanto del Estado como de las administraciones públicas hace imposible, si quiera, cualquier planteamiento al respecto. No es de extrañar, por tanto, que se opte por la solución electoralmente más efectiva y, sobre todo, menos complicada.

En lo que respecta a las medidas más enfocadas en el propietario, existen varias propuestas interesantes planteadas por las principales asociaciones del sector como son:

Lanzamiento de un plan de incentivos al arrendamiento. Debido al gran déficit de vivienda pública antes comentado, se hace imprescindible la entrada en el mercado de la vivienda privada. La única forma de contar con dicha oferta es a base de esos incentivos necesarios para dar la seguridad jurídica necesaria. Entre éstos destacan, entre otros, pólizas aseguradoras que cubran parcialmente la renta en caso de impago o indemnizaciones en caso de que se produzcan desperfectos en las viviendas alquiladas bajo este régimen.
Acuerdos público-privados para el desarrollo de viviendas asequibles con el establecimiento de un marco específico en este sentido.
Ventajas fiscales para aquellos propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años.
Incentivos al alquiler vía IRPF tanto a arrendadores como a arrendatarios.

Como podemos ver, existen muchas y muy variadas soluciones. Lo que hace falta es voluntad de querer hacerlo, eso sí, siempre y cuando exista visión de largo plazo algo que, en la inmensa mayoría de los casos, ataca de lleno a la línea de flotación de los intereses políticos.

Después de todo esto, ¿alguien piensa que la próxima Ley de la Vivienda está pensada para solucionar el problema o es una patada hacia adelante donde se busca, por encima de todo, el rédito electoral?

La entrada Límite al precio del alquiler ¿éxito o fracaso? se publicó primero en Transformando San Isidro.